El Ministerio de Industria ha declarado desierto el concurso que convocó el pasado septiembre para contratar un servicio de vigilancia de los posibles incumplimientos de la Ley Audiovisual en que incurran las televisiones y radios, según la resolución del expediente a la que ha tenido acceso Servimedia.
Al concurso se han presentado dos propuestas, pero ninguna de ellas ha prosperado, explicaron fuentes del departamento que dirige en funciones Miguel Sebastián. Dado que el PP no dio su apoyo la pasada legislatura a la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema), el nuevo órgano al que la ley encomendaba la labor de señalar las vulneraciones de su articulado, el Gobierno del PSOE decidió recurrir a un servicio externalizado de "seguimiento, control e inspección" de los contenidos de las televisiones y radios.
En el pliego de condiciones del contrato, Industria adujo como causa para recurrir a esa externalización "el volumen del objeto del contrato y la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos" de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
La licitación fijó un presupuesto total para el concurso de 2.972.000 euros, que podrían elevarse a 5.038.000 euros en caso de posibles prórrogas y modificaciones. La duración inicial del contrato iba a ser de 2012 a 2014 y la firma adjudicataria debería entregar a Industria informes periódicos sobre infracciones tales como emisión de contenidos inadecuados en horario infantil, la programación de espacios de azar o apuestas fuera de las franjas permitidas, o la superación de los tiempos máximos de publicidad permitidos.
Cuando se anunció el concurso, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) mostró su apoyo a que el Ministerio de Industria decidiera recurrir a una empresa externa para fiscalizar los posibles incumplimientos de la Ley Audiovisual por parte de las radios y televisiones. "Es normal que el Gobierno contrate este servicio", dijo el entonces secretario general de Uteca, Jorge del Corral. "La Administración contrata externamente muchas cosas, porque sería más caro e ineficiente tener funcionarios para todo", añadió.
Sobre esta vigilancia a los operadores, la patronal de las televisiones privadas también la ve bien. "La Ley Audiovisual se tiene que cumplir y el regulador hacerla cumplir", afirmó Del Corral.
Ahora, el Gobierno del PP tendrá que decidir cómo se vela por el respeto a esa ley. La pasada legislatura, los populares defendieron que esa labor dependiera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
