La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita una nueva ronda de pruebas, que incluyen la imputación del director de comunicación del BBVA, Paul García Tobin, en el caso BBVA-Villarejo.
En su escrito, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro justifican la petición de imputación de García Tobín por "su participación activa en el denominado 'levantamiento de evidencias' y, porque, dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad".
De esta manera, los fiscales presumen que el director de comunicación de BBVA lideró la creación de un archivo en formato Google Drive donde se fueron archivando todos los documentos encontrados en la investigación interna del caso Villarejo.
Este análisis está en cuestión desde la declaración de la directora de Seguridad, Inés Díaz Ochagavía, que arrojó dudas sobre que el banco no haya aportado toda la información detectada a la Audiencia.
Ante ello, Anticorrupción cree que el director de comunicación tiene que acudir como investigado para "arrojar luz sobre el procedimiento de búsqueda de información de lo sucedido, especialmente, determinar qué personas supieron del mismo, a quién se reportó y en qué término y, si se ha tratado de encubrir la participación de algún alto directivo o ejecutivo de la entidad".
De esta manera, los investigadores quieren tener "la trazabilidad de este Google Drive desde la creación del archivo hasta la actualidad, lo que evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos adjuntos sin que consten los adjuntos".
Junto a estas peticiones, la Fiscalía solicita que "se oficie a la Policía para que acudan a la sucursal del BBVA en la que, en diciembre de 2004, se abrió la primera cuenta de Cenyt", y quiere que esta aporte los contratos de apertura de las cuentas de esta empresa de Villarejo, la cartulina de firmas, la relación de apoderados, contratos/escrituras públicas aportados, "soportes contables de las operaciones realizadas, identificación de las personas que hayan operado con la citada cuenta, en concreto en operaciones de extracción de cantidades en metálico, desde la apertura de la citada cuenta hasta la actualidad".
En su escrito, los fiscales inciden en varias ocasiones en la "falta de colaboración" del banco con el juzgado con su investigación interna, y dejan "constancia de la falta de colaboración, y no porque esté obligada a colaborar, sino porque en todos los escritos presentados afirma su voluntad de colaboración que, tal y como se ha expuesto, resulta, sino incierta totalmente, si sesgada e interesada".
Dadas todas estas diligencias pendientes, la Fiscalía pide que la investigación se alargue la causa judicial medio año, hasta finales de enero de 2022, algo que ha sido aceptado por la Audiencia Nacional. "Teniendo en cuenta tanto el carácter complejo de los hechos investigados, como la propia naturaleza de las expresadas diligencias de investigación que han sido acordadas y aún no practicadas, parece razonable esperar que de su práctica resulte la necesidad de acordar otras actuaciones de investigación, nuevas o consecuencia de aquellas", expone el magistrado.
