La Comisión Permanente del Congreso Mexicano ha propuesto la creación de una Fiscalía Especial de atención a delitos contra periodistas, como reacción a las más de 500 agresiones cometidas en la última década que no han recibido sanción y cuyos autores permanecen en libertad.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del PAN, presentó el acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República la creación de esta fiscalía, con la que se pretende dar mayor seguridad jurídica y garantizar la libertad de expresión, ya que en los últimos años la profesión de periodista se ha convertido en una actividad de riesgo.
Los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales de periodistas para la adopción de medidas concretas para conseguir más seguridad se han venido topando con el rechazo de los empresarios y, en ocasiones, del propio Gobierno. Las estadísticas de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, indican que desde 1970 a la fecha, en Latinoamérica han sido asesinados 700 profesionales de la comunicación.
En 2003, en México se produjeron 76 incidentes contra el trabajo informativo; un año más tarde, la cifra se elevó un 21 %, al consignarse 92 actos, entre los cuales destacan cuatro asesinatos y una desaparición.
Dentro del sistema penal mexicano existe un índice de impunidad del 96 %, según las estimaciones realizadas por diversas instituciones educativas. Estas cifras demuestran las deficiencias de la justicia y los altos índices de impunidad existentes en el momento de investigar y sancionar los actos en contra de los periodistas.
En un sentido más amplio, la impunidad no sólo se refiere a la falta de aprehensión y sanción de los responsables, sino también al hecho de evitar o erradicar las causas que generan este tipo de daño e incluye hacer una investigación seria, creíble, confiable y apegada a estándares internacionales en materia de procuración e impartición de justicia.