La interpretación que el Partido Popular hace de la Ley General Audiovisual no puede ser más inquietante para los internautas. Según se desprende de la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso por los populares, webs, redes sociales, blogs y hasta periódicos on-line están sometidos al régimen sancionador de la norma y pueden ser cerrados por decisión administrativa si, por ejemplo, incumplen el deber de comunicación previa de sus actividades. “Todos los que establezcan una comunicación audiovisual son susceptibles de ser sancionados, incluidos internautas o redes sociales”, ha explicado Miguel Ángel Cortés, diputado del PP.El Partido Popular interpreta que todos esos actores en la Red, en el momento en que incluyen vídeos, son prestadores del servicio de comunicación audiovisual, figura que el artículo 2 de la ley define como “la persona física o jurídica que tiene el control efectivo, esto es, la dirección editorial, sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o un catálogo de programas”. Una idea reforzada por el hecho de que exista una modalidad de “servicio de comunicación audiovisual televisiva a petición”, incluida en el artículo 2.2, aplicable según el Partido Popular, a cualquier web que ofrezca un catálogo de vídeos bajo demanda. “Hasta a YouTube, que ofrece vídeos a petición, le afectaría”, ha explicado Cortés.
Lo peor para el diputado popular es que la decisión sobre estas sanciones, incluido el cierre de un medio de comunicación, no recae en los jueces, sino en un órgano administrativo como es el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), instancia de nuevo cuño. Eso a pesar de que afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, tutelado y garantizado por los tribunales. “Es un proyecto de ley muy malo que representa una amenaza a la libertad de expresión por la censura que establecerá a través del CEMA. El Gobierno quiere mantener el control de los medios creando una base de inseguridad jurídica y que deja a los medios en manos de un órgano administrativo”, ha expuesto el diputado popular.
Además del PP, también IU-ICV y ERC han presentado enmiendas a la totalidad, después de que finalizara el plazo. Ambas formaciones inciden en que la norma necesita cambios en su redacción y en que está hecha a la medida de las televisiones privadas, agrupadas en Uteca.
