La necesidad de una regulación legislativa del artículo 20 de la Constitución es una histórica reivindicación de los profesionales de la comunicación y de determinados sectores de la sociedad, que se presenta ahora bajo la Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC).

La UPCC, tras escuchar las ponencias y las intervenciones de los invitados al Congreso, estima que la tramitación de dicha ley es inaplazable, ya que de lo contrario el ciudadano seguirá estando a merced de la manipulación informativa. Asimismo, en el congreso se ha podido reflexionar sobre cómo los grandes grupos de comunicación de España ostentan el poder sobre la información que reciben los ciudadanos, sin tener un marco regulador que ponga los límites precisos para garantizar que esa información cumple con los requisitos básicos de veracidad, relevancia pública, diligencia y pluralidad.

Según Periodistas.es, la intervención de los representantes sindicales de la FESP y la UPCC permitió informar a los asistentes al evento de que la precariedad laboral de los profesionales de la comunicación tiene como consecuencia directa la desinformación del ciudadano: “El trabajador convive diariamente con el miedo a perder su empleo o a que sus condiciones laborales disminuyan, según los caprichos del empresariado. Por ello, se vuelve más vulnerable a las presiones y claudica ante pretensiones del medio, que pueden contradecir la ética o la profesionalidad”, afirmaron.

En el Congreso, que contó con la asistencia de unas 80 personas entre las que destacó una importante representación de la sociedad civil canaria, además de representantes de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

UPCC ha llegado a la conclusión tras el congreso de que es necesario seguir trabajando en el acercamiento a la sociedad, “para recabar un apoyo aún más fuerte” hacia la regulación del derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad y exenta de manipulaciones. "Es trabajo de toda la ciudadanía conseguir que la calidad de la información que reciben los españoles garantice realmente el funcionamiento de la democracia y sólo con una regulación específica podrá conseguirse", han afirmado los representes de este sindicato sectorial que aglutina a más de 250 profesionales de la comunicación en Canarias.