La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y la Federaciones Europea (FEP) e Internacional de Periodistas (FIP), han puesto en marcha, con motivo del Día Mundial del derecho de Autor, una Campaña en la que se reivindican unos contratos justos para los periodistas y se denuncia la falta de protección contra el robo de los derechos de autor en un sector gravemente debilitado por el desempleo y la precariedad en el trabajo, con remuneraciones a veces humillantes.

La Campaña sostienenue los periodistas son autores de las obras que producen y propietarios de los derechos económicos sobre esa producción, y que deben ser remunerados por el uso de su obra. Asimismo, las organizaciones añaden que también deben trabajar en condiciones contractuales justas.

En España, la vigente Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada en solitario por el Grupo Popular, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Pese a las promesas llevadas a cabo durante la tramitación parlamentaria, finalmente, no fue incluida una enmienda en la que se pedía incluir a los periodistas y a los fotorreporteros como titulares de los derechos que reconoce a los editores a percibir una remuneración por la utilización por los agregadores de fragmentos no significativos de los contenidos.

El Grupo Popular no sólo rompió el consenso con el que se había venido trabajando sino que terminó por sacar adelante una ley que no es efectiva en la lucha contra la piratería, va en contra de derechos de autores y creadores, entre los que se encuentran periodistas y fotorreporteros, y no protege los derechos de los usuarios.

Así, lejos de resolver problemas que existían en torno a la propiedad intelectual, se abre nuevos conflictos, como el que ha llevado a Google a cerrar en España su servicio de noticias, sin que se haya podido negociar un acuerdo con los editores porque no se ha elaborado el reglamento que desarrolla la ley.

Teniendo en cuenta que el reconocimiento de los periodistas como autores está recogida de manera explícita en la comunicación de la Comisión Europea para “Un mercado único para los derechos de propiedad intelectual”, de 24 de mayo de 2011, a la espera de lo que decida el Alto Tribunal, los promotores de la Campaña confían en que la legislación española, hecha de forma precipitada sin esperar al texto comunitario, termine adaptándose a la normativa de la UE.

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Propiedad Intelectual, admitido a trámite el 3 de marzo pasado, contra la compensación por copia privada, que antes se abonaba con el denominado canon digital, recaudándose entre 110 y 115 millones de euros, destinados a autores y creadores, pero ahora se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, limitándose la cantidad a cinco millones de euros.

Además se recurre la disposición que obliga a entidades de gestión a asociarse para crear la ventanilla única por la que se tramita el pago de los derechos, lo que va en contra de la libre asociación de autores y creadores, a juicio de los recurrentes.