La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha acordado liderar la creación de una Plataforma por la Defensa del Periodismo, integrada por las organizaciones más representativas de la profesión. Esta célula de crisis exclusivamente profesional diseñará una estrategia de actuación para la supervivencia de unos medios de información rigurosos, independientes y profesionales como condición indispensable para asegurar la pluralidad de la sociedad a la que sirven y el ejercicio responsable de una democracia representativa.
En un documento suscrito por la FAPE en Sevilla, se considera que cualquier fórmula para superar la crisis tienen que tener en cuenta la calidad de esos medios, que depende del ejercicio responsable de un periodismo entendido como transmisión de información, análisis y opinión elaborados bajo unos principios éticos y con un importante grado de valor añadido, cualidades que sólo pueden proporcionar profesionales formados y con experiencia.
Por ello se consideran preocupantes las regulaciones de empleo que se están produciendo en la actualidad, además del grave problema laboral que generan, puedan afectar a la indispensable calidad de los productos informativos que ofrecen los medios en la medida en que los descapitalizan profesionalmente, cuando es imprescindible que las redacciones puedan tener voz e influencia en el diseño de las nuevas perspectivas empresariales.
En la búsqueda de soluciones, la FAPE apoya que el Estado abra una línea de ayudas a las empresas de comunicación en crisis, siempre bajo la condición de que esas ayudas se destinen a financiar proyectos viables económicamente y respetuosos con los profesionales de la información.
Como soluciones concretas, la FAPE defiende que el Gobierno colabore en la defensa del periodismo y preste atención preferente al sector de los medios de comunicación como un sector estratégico porque de él depende la calidad de la democracia; impulsar el Estatuto del periodista para que ponga en valor la calidad del trabajo, las reglas de la profesión y la deontología profesional; y reclamar el Estatuto del Editor, que impida la llegada al sector de oportunistas y aprovechados.
Por otra parte, solicitan que las administraciones públicas contraten publicidad institucional sólo en aquellos medios que cumplan la ley laboral, la ley de igualdad y se comprometan a mantener los puestos de trabajo de los periodistas; y que las empresas de comunicación eviten la contratación de profesionales de otros sectores para desempeñar funciones que les corresponden a los periodistas.
Defienden además que los editores den prioridad al mantenimiento del empleo y la protección del talento acumulado y la experiencia; y que los accionistas refuercen los recursos propios de los medios, aportando dinero en un momento de necesidad para invertir en proyectos de futuro.
A los anunciantes les solicitan que apuesten por los medios, por su pluralidad; para que eviten recortes drásticos y automáticos del gasto publicitario. Se les pide que mantengan el gasto, que gasten bien, que primen la calidad profesional, que no financien basura y que sostengan la competencia, el espíritu crítico, la responsabilidad social y el pluralismo.
A los sindicatos, por su parte, les piden que lleven a la Mesa del Diálogo Social la singular situación de las empresas de comunicación con especial incidencia en la defensa de los puestos de trabajo dedicados al ejercicio del periodismo.
