Las organizaciones sociales más representativas en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) han creado por primera vez una Comisión Técnica sobre Responsabilidad Social. Hasta ahora, la responsabilidad social era una exigencia dirigida sólo a las empresas, pero no a la Administración.

Según la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), organización impulsora del acuerdo, la comisión se ha creado en el marco de la ratificación del Acuerdo Administración-Sindicatos para la Ordenación de la Negociación Colectiva en la Administración General del Estado.

Entre las principales responsabilidades éticas que se pide a las empresas, y ahora también a la Administración, se encuentra la de servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. Además, han de crear riqueza de la manera más eficaz posible, respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores.

Por otra parte, han de procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable, así como respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación.

Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos, y procurar la distribución equitativa de la riqueza generada son otras de las responsabilidades que se exigen.