Miles de personas recorrieron recientemente las calles de Tel Aviv, y muchos de ellos lo hicieron con la boca tapada con esparadrapo. Lo que les empujó a hacerlo fue la noticia de que, en la madrugada del día anterior, la nueva Ley de Difamación del Gobierno israelí había superado el primero de los trámites parlamentarios necesarios para su aprobación.

La principal novedad de esta norma es una cláusula que multiplica por seis la cantidad económica que se puede reclamar a un medio por difamación, sin necesidad de presentar pruebas que demuestren que en efecto se ha incurrido en el delito. Según Reporteros Sin Fronteras, “la severidad de las multas (cerca de 60.000 euros) no solo persigue ahogar económicamente a los medios, sino también intimidar a los periodistas que pudieran atreverse denunciar la corrupción o a criticar al Gobierno”.

Otra cláusula de esta nueva normativa introduce la obligación de incluir en la noticia cualquier comentario que quiera hacer la parte implicada. Es decir, que una información sensible publicada acerca de un político, una institución o una empresa deberá ir acompañada de la nota que los afectados quieran adjuntar, sin ningún límite de espacio. Una condición que dificulta enormemente que la noticia termine saliendo a la luz porque ¿quién querría publicar algo que forzosamente debe ir acompañado de una réplica de varias hojas?.