El Comité para la Protección de los Periodistas de Costa Rica considera que la legislación civil, y no la penal, es la que debe entender en casos de difamación, y así se lo ha hecho constar en un escrito al presidente Oscar Arias, en el que se le solicita que utilice la autoridad de su cargo para reformar "las arcaicas leyes de difamación en Costa Rica".
A juicio del CPJ, esas leyes son incompatibles con las normas internacionales en materia de libertad de expresión y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "A pesar de frecuentes peticiones de reforma por parte grupos de libertad de expresión costarricenses e internacionales, las antiguas leyes de prensa siguen vigentes. Le instamos a promover un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que garantice la eliminación del delito de difamación", señala el escrito.
Un reciente fallo de la Corte Constitucional así como un proyecto de ley presentado recientemente en la Asamblea que limitaría seriamente el trabajo de la prensa, han puesto de manifiesto la necesidad de esta reforma, ya que ambos hechos contradicen la rica tradición democrática de Costa Rica.
El 3 de mayo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la vigencia de una ley de prensa centenaria que convierte a la calumnia y a la injuria en un delito penal. El artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902 impone una pena de prisión de hasta 120 días por el delito de difamación en la prensa escrita.
