Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministerio de Justicia y a la fiscalía de la Audiencia Nacional para que revisen la actual legislación española y queden asegurados los derechos de los periodistas.
El ajuste del Código Penal a las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de Libertad de Expresión, evitaría acciones penales como las que este lunes han llevado a dos periodistas de DEIA a declarar en la Audiencia Nacional, por un delito de supuestas injurias al Rey motivadas por una caricatura.
Peporteros Sin Fronteras (RSF) también se ha pronunciado al respecto. Rafael Jiménez, su secretario general en España, ha asegurado que los dos periodistas imputados, Josetxu Rodríguez y Javier Ripa, "han cumplido su función social". "Esta crisis que se está produciendo en España, con las dos causas abiertas contra la prensa satírica, nos preocupa profundamente. Desde Reporteros Sin Fronteras esperamos que estos casos propicien un cambio en la legislación, a través de un compromiso político del Gobierno revisando la legislación, con el fin de que los periodistas puedan trabajar tranquilamente", agregó Jiménez.
Deia completa su información sobre la demanda que pesa sobre sus humoristas recordando que, el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Marc Carrillo, se posicionó en un artículo de opinión publicado recientemente en prensa recordando que los miembros de la Corona "ocupan de forma habitual un lugar de preferencia en el escenario público. En consecuencia, es inevitable que sean susceptibles de valoración por parte de la sociedad a la que pertenecen, ya sea en el contexto del debate general en una democracia deliberativa o más simplemente con finalidad humorística".
Por su parte, el profesor de la Universidad del País Vasco Juan Carlos Pérez, especializado en deontología periodística, materia que regula la ética y los límites profesionales, explica que en ambas querellas criminales contra la prensa satírica "confluyen dos disciplinas, la jurídica y el periodismo". El derecho a la libertad de expresión está "más claro" que el de la libertad a la intimidad, que en estos casos se han acotado con las demandas judiciales.
"Pero el problema lo tiene el derecho, no el periodismo, que trabaja en función de lo que es noticia y lo que no. Si un periodista diseña una caricatura con el rostro de una persona particular, la protección de ésta persona debe ser mucho mayor que si hablamos, por ejemplo, de un Jefe de Estado. De alguna forma, la crítica está sujeta al oficio", detalla Pérez.
