El curso político ha comenzado con otro decreto del Gobierno que decae, tras unas semanas en vigor, al no obtener el refrendo de los grupos parlamentarios del Congreso. Se trata del texto que buscaba regular la actividad de los lobbies, que parte de una recomendación de Bruselas y que compromete partidas millonarias de fondos comunitarios para España.
El caso es que PP, Vox y Junts han sumado sus votos para rechazar el decreto, y aunque esto habría bastado para que no saliera adelante, el revés ha sido de mayor calado para Sánchez, ya que Podemos y el PNV se han abstenido, e incluso Sumar llegó a anunciar de forma oficial su voto en contra, aunque finalmente dio un giro 180 grados y si apoyó el texto.
El decreto es una norma impulsada siguiendo el criterio de Bruselas y que el Gobierno enmarcó en su Plan de Acción por la Democracia, presentado hace ahora dos años y que tiene su origen en los cinco días de reflexión de Sánchez.
Presentado como proyecto de ley hace un año, su tramitación se estancó en el Congreso, y por eso este verano el Ejecutivo lo impulsó por la vía rápida, como decreto. Pero el nuevo texto no ha concitado el apoyo de patronal ni sindicatos, y tampoco de la mayoría de sus socios, que cuestionan tanto las formas como el fondo.
La norma recoge quiénes tienen la consideración de lobby, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibir esa influencia; y establece la creación de un registro estatal de lobbies, al que están obligados a inscribirse los grupos de interés, de manera que asociaciones y consultoras ya se han apuntado en el mismo, que fue abierto el pasado 4 de septiembre, aunque por el momento no lo han hecho la mayoría de bancos y empresas del Ibex.
Por su parte, el personal público susceptible de influencia deberá informar públicamente de todas las reuniones y contactos que mantenga con lobbies. El principal reproche que el PSOE ha recibido por parte de sus socios ante este texto viene por la inclusión de los sindicatos como lobby, a diferencia de como quedaba recogido en el proyecto de ley en tramitación.
El choque en el Gobierno por este asunto ha sido tal, que el socio minoritario de la coalición gubernamental ha llegado a plantearse votar en contra del texto. Sin embargo, finalmente, un compromiso adquirido por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, competente en la materia, ha llevado a Sumar a cambiar su pronunciamiento y evitar abrir una crisis con el PSOE.
Sobre la tribuna del Congreso, el ministro se había dirigido veladamente a su socio de Gobierno para tratar de amainar su descontento, asegurando que "obviamente el diálogo social queda excluido de la regulación de lobbies" y, "para mayor garantía de quien pueda tener ninguna duda", López lanzó el compromiso a Sumar de que si se aprobaba el decreto, el Gobierno promulgaría otro decreto antes de que acabe octubre con una "modificación aclaratoria" para "reforzar la idea de que el diálogo social queda al margen de la regulación de lobbies".
Con su promesa, el ministro consiguio un choque entre los socios del Gobierno que habría sido inédito, ya que Sumar ha mantenido en esta legislatura choques parlamentarios con el PSOE en algunas votaciones, pero hasta ahora no había votado en contra de un decreto del Gobierno. En cualquier caso, pese al cambio de plan de Sumar, el decreto no ha sido aprobado, ya que al no de Junts se sumó que el PNV se ha abstenido, reclamando al Ejecutivo que elabore un nuevo texto "con menos densidad normativa, menos ambición y más realismo", en palabras del diputado Mikel Legarda, que ha pedido al ministro mayor esfuerzo negociador para consensuar la regulación de lobbies.
Por su parte, la diputada del PP Edurne Uriarte ha afeado que se pretenda aprobar la regulación de los lobbies por la vía del decreto alegando "urgencia", alegando que "ha habido dejación, ineficacia e irresponsabilidad", e instando al Ejecutivo a retomar la tramitación del proyecto de ley que tenía el mismo fin y permanece estancado en el Congreso. La popular, ha secundado además el argumento de Sumar y ha rechazado que en el texto se "elimina el papel constitucional de sindicatos y organizaciones empresariales". Por su parte, Vox tampoco apoyó el decreto, enmarcando esta decisión en su estrategia de no respaldar ninguna iniciativa impulsada por el Gobierno.
