Daniel Domínguez, director de comunicación del Ministerio de Juventud ha solicitado información a varias administraciones andaluzas, entre las que se encuentran ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta para elaborar «una base de datos personal», en la que -sospechosamente- se incluirían los contratos con los medios de distintas instituciones andaluzas gobernadas por el Partido Popular.
En las últimas semanas esta solicitud de información está levantando «sospechas» en algunas instituciones del PP en Andalucía, ya que en los últimos 15 días, varias diputaciones, ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía han recibido una petición a traves del portal de transparencia para que se entregue toda la información relativa a los contratos publicitarios con los medios de comunicación. Se trataría de una amplia fiscalización por parte de un periodista en unos casos y de un ciudadanos en otros.
Lo que levanta recelo entre las fuentes consultadas por ABC, el diario que se ha hecho eco de esta situacion, es que la solicitud la realiza siempre la misma persona y que ese solicitante es Daniel Domínguez, actual director de comunicación del Ministerio de Juventud, cuya titular es Sira Rego, que realiza las solicitudes a través de cartas que arranca con un «como periodista», pese a que en la actualidad no ejerce esta profesión.
Domínguez está en estos momentos en situación de excedencia para poder ocupar su cargo como asesor de confianza dentro del Gobierno de Pedro Sánchez en la facción de Sumar, pero como reconoce él mismo, la petición de información la hace a título «particular», y no como parte del gabinete de un Ministerio. En otras de la cartas, la petición se hace como ciudadano particular, y en ningun momento se hacer referencia a que se haga como periodista.
Daniel Domínguez es periodista licenciado y era subdirector de La Marea, hasta que pidió una excedencia para ocupar su cargo en el Ministerio. Con todo, las fuentes de ABC le reprochan ahora que no está en ejercicio, pero que usa esa condición para exigir la documentación.
El diario ha tenido constancia de este hecho anómalo a traves de varias cartas a determinadas diputaciones andaluzas, ayuntamientos de capitales de provincia y al Gobierno autonómico, todas ellas casualmente gobernadas por el Partido Popular. Además, este periódico ha tenido constancia de la misma solicitud fuera de Andalucía, en ciudades como en Valladolid o Castellón.
Según los documentos a los que ha accedido ABC, por un lado están las cartas remitidas a algunas diputaciones, en las que se pide «como periodista» ejercer antes esa entidad «el derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 105.b) de la Constitución», por el que se da a los ciudadanos acceso a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado. También cita los artículos 12 y 17 de la Ley 19/2013, de transparencia, que reseña que no es obligatorio justificar la solicitud, pero sí exponer los motivos para poder valorar si entran en juego límites legales del derecho. En ese mismo sentido cita también la regulación regional sobre transparencia.

