La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha dado a conocer la creación de su propio Código de Conducta, compuesto por un conjunto de siete principios de obligado cumplimiento para todos sus miembros en su relación con los representantes de los poderes públicos. La organización española sigue de esta manera la senda marcada por sus colegas europeos profesionales del lobby, que recientemente han logrado la aprobación por parte del Parlamento Europeo de un registro conjunto para los lobbies y otros grupos de interés que quieran acceder a la Eurocámara o la Comisión Europea.
La APRI está promoviendo la aprobación por en el Congreso de los Diputados una norma que regule el ejercicio de las Relaciones Institucionales en España pero, mientras tanto, sus socios se comprometen a cumplir este Código de Conducta del Parlamento Europeo, con el objetivo de garantizar la necesaria trasparencia y dar más garantías de profesionalidad a sus interlocutores.
“Creemos en la necesidad de contar con unos principios básicos que definan la manera de realizar nuestro trabajo”, ha defendido María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, quien ha aclarado que “es positivo para los profesionales de esta disciplina, para los representantes de las administraciones públicas, y para la sociedad en general, al convertir nuestro trabajo en transparente y absolutamente profesionalizado”.
Hace sólo unas semanas, el Parlamento Europeo aprobó la creación de un registro conjunto para los lobbies y otros grupos de interés que necesiten acceder a la Eurocámara o a la Comisión Europea. Este registro, que acaba de entrar en vigor, pretende reforzar la transparencia y permitir a los ciudadanos encontrar en un mismo lugar la información relacionada con las personas y organizaciones que están en contacto con las instituciones de la UE. Además, el nuevo registro combinará los ya existentes del Parlamento y la Comisión, facilitando los trámites a los grupos de interés, que se registrarán sólo una vez. APRI pretende una solución similar para los Parlamentos españoles.
