El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de enmiendas que proponen modificar varios apartados de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, entre las que se incluyen el pago de varias tasas por parte de los operadores audiovisuales de ámbito estatal para financiar el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En el texto, la formación socialista recuerda que esta financiación es similar a la que reciben otros organismos estatales como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de Energía o la Comisión Nacional del Juego.
En concreto, los operadores audiovisuales -de ámbito estatal o superior al de una comunidad autónoma- deberán pagar tanto por el ejercicio de las funciones del Consejo como por el registro de un nuevo operador. En el primer caso, la tasa será la resultante de aplicar a primeros de año un tipo del 0,0015 al conjunto de ingresos brutos de explotación del operador obtenidos por los servicios audiovisuales. A esta tasa se deberá sumar 1.000 euros cada vez que se produzca una renovación en la inscripción de los operadores; otra de 100 euros por cada certificación registral u otra de 2.000 euros por cada autorización de negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
Según el PSOE, la enmienda propuesta se ajusta al plan de austeridad de la Administración General del Estado, por lo que los incrementos de recaudación del organismo se destinarán "íntegramente" a reducir el déficit público, sin que puedan ser aplicados a financiar aumentos de gasto.
Además, entre otras nuevas medidas para el Consejo Estatal de Medios, esta formación ha pedido la incorporación de funcionarios entre el personal del organismo.
Por otro lado, respecto a la obligación de aportar el 5 % de los ingresos para la financiación del cine, el PSOE propone una excepción en los plazos de recaudación con los operadores pequeños que no acumulen una obligación de invertir superior a los 500.000 euros por ejercicio anual. Así, pide que este tipo de canales puedan acumular por un periodo máximo de tres años las cantidades correspondientes a la aplicación del 5 % para realizar sus inversiones en una o varias producciones. "Con esto las pequeñas operadoras pueden apostar por proyectos más ambiciosos, con más garantías de obtener un legítimo rendimientos a sus inversiones", ha justificado la formación política.
