Bajo la consigna de no escatimar ningún tipo de acuerdo ni de acciones para acabar con la corrupción, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está liderando la preparación de un paquete de medidas para combatir la financiación ilegal de los partidos políticos y el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Se trata de medidas que el Ejecutivo quiere consensuar con los grupos de la oposición parlamentaria y entre las que se incluye la propuesta de incluir en la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, tanto a nivel de la entidad como personal para los miembros o dirigentes implicados.

La reforma del artículo 31 bis del Código Penal, que entró en vigor el 17 de enero, introdujo ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas para incluir a partidos y agentes sociales, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se contenía en la excepción regulada en dicho artículo. En medios próximos a La Moncloa han confirmado que ésta será una de las propuestas que llevará el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, a una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso, con el objetivo de conseguir el máximo de apoyos en las medidas anticorrupción y agilizar la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, en la que el Ejecutivo quiere incluir la mayor parte de las actuaciones a emprender.

La propuesta de modificación del proyecto inicial de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para incluir a los partidos políticos y los agentes sociales no afectará, sin embargo, a la Corona, que seguirá excluida del articulado.

Cuenta el diario El Economista que portavoces del Ejecutivo justifican esta exclusión alegando que Zarzuela se nutre de los presupuestos de la Administración Pública y como ésta va a estar dentro del ámbito de aplicación de la futura norma, la Corona ya estará también afectada "en la mayoría" de sus actuaciones.

Para alcanzar este consenso amplio, la fuentes consultadas aseguran que el Gobierno está dispuesto a aceptar algunas de las medidas planteadas por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Entre ellas, el equipo de Vicepresidencia ha mostrado su disposición a apoyar la propuesta de inhabilitación de las empresas implicadas en supuestos de corrupción para contratar con cualquier Administración, empresa y organismo público durante el tiempo que dure la condena de los responsables.

Las empresas implicadas en delitos de financiación ilegal quedarán también inhabilitadas para realizar donaciones a los partidos políticos.

Aunque la tramitación parlamentaria no permitirá aprobar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno hasta poco antes del verano, la intención del Ejecutivo es tener ultimada una primera relación de medidas anticorrupción para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las anuncie durante el Debate sobre el Estado de la Nación que se celebrará los próximos días 20 y 21 de este mes.

La Ley de Transparencia inicia esta semana el ciclo esencial de su tramitación con las comparecencias del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y de otros expertos juristas y constitucionalistas ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Destaca entre ellos la presencia de María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales.