Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, el sector de la comunicación vuelve a la carga, hasta el punto que colectivos como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) o la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) están en pie de guerra con la nueva normativa. Para ambas entidades supone "un serio obstáculo al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de todo sistema democrático".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) recuerda que hay un apartado de la ley que se refiere a las sanciones por tomar fotografías o grabar agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Se califica como infracción grave y se penalizará con multas de un máximo de 30.000 euros “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información”.

La APM explica en un comunicado que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capture durante un acto público o en lugares abiertos al público.

La asociación subraya que el pleno respeto a la libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y al ejercicio del derecho a la información, fortalece la democracia y la previene contra posibles abusos de poder.