
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Colegio de Periodistas de Cataluña, el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y la Unión de Periodistas Valencianos, ha aunado esfuerzos al apoyar un Plan de Ayuda Gubernamental al sector, que incluya la premisa de que sea "transparente, debatido y con compromisos para todas las partes".
De este modo, consideran que las ayudas del Gobierno a un determinado proyecto deben servir para crear puestos de trabajo "y no para emplear el dinero sólo para ajustar balances o, lo que es mucho peor, para financiar Expedientes de Regulación de Empleo o cualquier otra forma de despido".
Como contrapartida, estas ayudas deben tener un compromiso de los editores para defender la independencia, autonomía y profesionalidad de los medios y de los periodistas; compromiso que se explicita en el Estatuto del Periodista, que incluye un Código Deontológico como pieza fundamental.
Estas asociaciones señalan que la respuesta a la crisis pasa por conseguir más calidad profesional y respeto a las normas éticas y deontológicas pero, en su opinión, la respuesta de los medios a esta crisis es prescindir de los periodistas con mayor experiencia, mejor formados "y apegados a los principios éticos que han cimentado, y necesariamente deben seguir cimentando, la profesión".
En este caso, para esas organizaciones profesionales, antes de rescindir contratos hay que defender el empleo y por ello, prefieren una suspensión temporal de empleo, el reparto de trabajo o la negociación antes que la rescisión de contratos. Así, las ayudas propuestas en forma de créditos, aplazamiento de cuotas sociales, ayudas directas a la difusión y a la formación para contribuir a la reestructuración del sector, les parecen adecuadas "pero deben ser transparentes, públicas y con compromisos claros".