La empresa editora de el diario digital El Español ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulnerar el derecho a la información de sus lectores y los de otros medios críticos, mediante el reparto arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional.
Según el informe alternativo presentado por la firma International Human Rights Legal (IHR Legal), este periódico está siendo “castigado” por el Gobierno con una drástica disminución de la inversión publicitaria, una disminución se ha producido tras la publicación en dicho diario de denuncias y revelaciones sobre los casos de corrupción que afectan al jefe del Gobierno, sus familiares y sus más estrechos colaboradores.
Según el informe de IHR Legal este “castigo”, aplicado también a otros medios críticos, se está produciendo bajo la aparente cobertura del Plan de Acción para la Democracia, impulsado por Sánchez en 2024. Ese Plan fue el fruto de sus cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez en un presunto caso de tráfico de influencias.
El informe de IHR Legal está firmado por su director Ignacio J. Álvarez, antiguo relator sobre Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de acuerdo con el mismo, aunque el propósito declarado de este Plan de Acción por la Democracia es combatir la desinformación y reforzar la calidad democrática, “diversas organizaciones, periodistas, medios de comunicación y especialistas en libertad de expresión han manifestado su preocupación sobre el riesgo de que dicho instrumento sea utilizado como mecanismo de control y censura indirecta”.
Adicionalmente, el informe denuncia la falta de transparencia en la gestión de la publicidad institucional, “pese a la existencia de disposiciones legales que ordenan su publicación y acceso público”; y en concreto sostiene que el Gobierno “no ha divulgado de forma clara, completa y actualizada la información relativa a la adjudicación de publicidad institucional, omitiendo además dar respuesta a solicitudes formales de información presentadas por medios de comunicación y actores interesados”.
Esta situación resulta particularmente grave dado el incremento histórico del gasto en publicidad institucional y las denuncias sobre su uso discriminatorio para beneficiar a medios afines al Ejecutivo y marginar a aquellos críticos de su gestión. Además, el informe expone que, a la luz de los estándares internacionales aplicables, tanto del sistema universal como de los sistemas regionales de Derechos Humanos, esta situación contraviene las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión y derecho de acceso a la información pública.
El informe concluye que la implementación del Plan de Acción por la Democracia, en los términos propuestos, y la opacidad en la asignación de publicidad institucional “son incompatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y podrían constituir una forma de censura indirecta”.
Además, el informe recuerda que “el Plan de Acción por la Democracia fue propuesto en medio de las críticas del presidente Pedro Sánchez a los medios de comunicación calificados como de derecha, tras la denuncia en abril de 2024 por parte de la organización Manos Limpias contra su esposa, la Sra. Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.
En este contexto, el presidente Sánchez se ha referido a algunos medios de comunicación como "pseudomedios" que forman parte de "una máquina de fango" dirigida a deshumanizarlo con bulos y desinformación. Fue en este escenario cuando el presidente Sánchez presentó el 17 de julio de 2024 ante el Congreso el Plan de Acción por la Democracia dirigido a luchar contra "la máquina del fango", "las presiones a periodistas", "las campañas de desinformación y bulos" y "las corruptelas de algunos".
Según explican desde el propio medio, El Español tuvo una reducción de 64,7 % en sus ingresos por publicidad institucional en el 2024, y “sin razón técnica alguna”, fue excluido de la campaña más importante del año del Ministerio de Hacienda, con una inversión de 4.9 millones de euros, titulada Sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en el acceso a servicios o medidas de ayuda prestados por la agencia tributaria.
