El grupo británico de telefoná móvil Vodafone ha reclamado 670 millones de euros a Telefónica ante un tribunal de Madrid por supuestas prácticas contra la competencia que se remontan a los años 90. Telefónica está acusada de tratar de impedir que Airtel, convertido posteriormente en Vodafone España, se instalara en el mercado español de la telefonía móvil recurriendo a prácticas contrarias a la competencia, entre 1995 y 1999. Con 16 millones de clientes en España, siendo uno de los primeros operadores móviles del mundo y el segundo del mercado español, con una empresa de banda ancha fija recién adquirida y unos números envidiables en banda ancha móvil, a Vodafone le va a costar mucho trabajo convencer a ningún juez de que Telefónica le ha puesto traba alguna. Y menos, trabas que se remontan a 13 años atrás. Y menos aún, trabas que valen 670 millones de euros. Una cantidad que multiplica casi por cinco el importe de la multa más alta jamás impuesta por la Comisión Europea a una empresa de telecomunicaciones.
Expertos del sector piensan que se trata de una demanda especulativa y difícil de creer, y más aún de probar. Vodafone es un gigante mundial de telecomunicaciones, y así se ha hecho aparecer en todos los informes de analistas del mercado y en las comparecencias públicas de sus directivos. Transformarse ahora en una empresa a la defensiva y acorralada implica un cambio de imagen demasiado brusco y lleno de riesgos.
