
Según el portal Periodistas en Español, en el documento el Consejo recuerda que se produce una "asimetría legal" respecto a la formulación legal del anteproyecto, ya que "nada se establece a nivel legal" para la citada comisión. En este apartado, critica que todavía no se hayan propuesto los representantes que decidirán sobre las webs de descargas ilegales, como sí se ha hecho para otras comisiones del anteproyecto.
Asimismo, califica de "dudoso" poner a la misma altura la propiedad intelectual respecto al resto de bienes jurídicos protegidos. A su entender, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual no posee tal privilegiada configuración constitucional.
Para el Consejo Fiscal, la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental, ya que, "aunque se pueda reconocer su importancia" en las sociedades modernas, "no parece alzarse al mismo nivel" que intereses generales como el orden público o colectivos situados en una posición de debilidad como los menores.
Para proporcionar "cobertura legal" a la CPI, la Fiscalía propone modificar la ley de modo que no se precise autorización judicial para los datos "que no estén amparados por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, sino por el derecho de intimidad", ya que éste permite valorar "la proporcionalidad de la medida de intromisión" en relación con los intereses que se quiere proteger.