El Senado ha apostado por equipararse con el Congreso en la medida de lo posible, y para ello ha aprobado un plan de reestructuración interna, cuyo eje central es la creación de una nueva Dirección de Comunicación, una vacante que ya ha sido publicada para ser cubierta, apostando así por contar con una estructura interna como la del Congreso, creada hace 20 años.
Esta nueva estructura implica la creación de una veintena de nuevos puestos laborales, algo que no conlleva necesariamente la ampliación de la plantilla en ese número, ya que algunas personas serán reasignadas a nuevas funciones por la desaparición de las anteriores.
Tampoco se activarán todas las vacantes de golpe, sino que se hará de forma paulatina y según las necesidades futuras de la Cámara Alta. En este contexto, la elección de la persona que esté al frente de la nueva Dirección de Comunicación será por libre designación, y será dependiente de la Secretaría General, por lo que por primera vez se abre la puerta a que lo ocupe un letrado, es decir, un experto en derecho.
Así las cosas, será la letrada mayor del Senado quien elija a la persona que dirigirá la comunicación de la institución, un nombramiento que deberá pasar por la Mesa de la Cámara Alta, el mismo organismo que aprobó el plan.
De las cuatro jefaturas creadas, tres serán de libre designación, y solo una se ocupará por concurso directo entre los funcionarios de la casa. Además, el cargo para la Dirección de Comunicación no estará solo abierto al personal especializado, sino que se ha establecido la posibilidad de nombrar a personas del cuerpo de letrados para ese puesto.
Esta remodelación también afecta a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un departamento normalmente anodino políticamente que saltó de forma sorpresiva a los medios cuando dos de los informáticos del Senado fueron despedidos por acceder sin permiso a equipos de los senadores y de la propia institución.
El cambio se ha activado coincidiendo con el aniversario de la Constitución, que establece que España tiene un sistema de representación popular bicameral, pero con una prelación del Congreso sobre el Senado, según explican los propios letrados de las Cortes en sus comentarios a la ley fundamental, de cuya aprobación se han cumplido 47 años.
